'El donante no tiene ningún derecho' —esta fórmula es práctica, pero inexacta en muchas situaciones. El estatus jurídico de un donante de semen en España depende de tres factores: la vía de la donación, la existencia de acuerdos escritos, y —sobre todo— las decisiones de un juez que siempre juzga atendiendo al interés superior del menor.
La vía más clara jurídicamente es la donación anónima a través de un banco de semen autorizado. En España, la Ley 14/2006 establece que la donación es anónima y que el donante no tiene derechos ni obligaciones respecto al hijo nacido. No es padre legal, no debe pensión alimenticia y no tiene derecho de visita. La identidad del donante está protegida, aunque los hijos nacidos por donación pueden acceder a información general sobre él —no identificativa— a partir de los 18 años.
Desde 2021, y tras la transposición de una directiva europea, existe debate en España sobre si los hijos concebidos por donación deberían tener acceso a la identidad del donante al alcanzar la mayoría de edad, como ocurre ya en países como Reino Unido, Países Bajos o Alemania. La ley todavía no ha cambiado en este punto, pero el debate está abierto.
La situación del donante conocido es fundamentalmente diferente. Si la concepción se ha producido en casa o fuera de un centro autorizado, un tribunal puede reconocer la paternidad del donante biológico, con todas las obligaciones de alimentos que eso conlleva, al margen de cualquier acuerdo privado previo. Esto ha ocurrido en casos reales ante los tribunales de familia españoles.
Por eso el acuerdo con donante conocido es tan importante. Pero hay que entender que en materia de menores, los contratos privados no tienen fuerza vinculante absoluta. Un juez de familia aplica el interés superior del menor —y puede establecer una paternidad a pesar de un acuerdo en sentido contrario. El acuerdo reduce el riesgo; no lo elimina.
Las situaciones también pueden evolucionar con el tiempo. Un hombre que inicialmente aceptó ser 'solo donante' puede, años después, querer implicarse en la vida del hijo. O a la inversa, la receptora puede reclamar una pensión alimenticia. Los tribunales españoles tratan estos casos de forma variable, pero el interés del menor prevalece siempre sobre cualquier compromiso anterior.
Fuera del marco de los centros autorizados, no existe en España un mecanismo que permita al donante conocido renunciar a la paternidad de forma jurídicamente segura. Es una diferencia importante respecto a países como los Países Bajos, donde la práctica está mejor regulada.
Sobre el derecho del donante a información sobre el hijo: en España, un donante que ha donado de forma anónima no sabe cuántos hijos han nacido de sus gametos ni dónde viven. Para el donante conocido, la situación depende del acuerdo alcanzado y del contexto específico.
En cuanto a la responsabilidad médica, un donante que ha pasado los cribados estándar y ha comunicado honestamente sus antecedentes no es responsable de enfermedades hereditarias. La responsabilidad recae en el banco de semen o el centro. Eso no impide que existan reclamaciones judiciales contra bancos —la jurisprudencia evoluciona.
En resumen: el estatus jurídico de un donante de semen no es una fórmula universal, sino el resultado de una combinación de factores —vía de donación, naturaleza de los acuerdos, estado civil de la receptora y decisión de un juez si hay litigio. Consultar a un abogado especializado antes de cualquier acuerdo con donante conocido es la única precaución que protege de verdad.
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